La entidad que definió en mejor forma la sorpresiva presencia de 14 ministros y secretarios del Gobierno durante la audiencia pública en la Corte de Constitucionalidad (CC) por el caso relacionado con la queja contra el embajador de Suecia, Anders Kompass, fue el Frente Ciudadano contra la Corrupción, al declarar que ve con preocupación la insistencia de continuar con la expulsión del diplomático y denunciar que la lucha contra la corrupción “no es parte de la agenda de este Gobierno”.

Es un criterio razonable porque, como se ha ratificado con otras acciones, como la que está por cumplir un año, cuando el presidente Jimmy Morales intentó descabezar la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala al declarar non grato al comisionado Iván Velásquez, intento que también fue frenado por la CC. Lo actuado el viernes por el MP y la Cicig viene a indicar que esos esfuerzos no han tenido el éxito deseado.

Ayer, la presencia de los ministros en la CC sirvió para ratificar esa percepción, pues abandonaron sus labores en lo que se percibe correctamente como un intento por ejercer presión sobre los magistrados que evalúan el planteamiento del gobierno guatemalteco. No puede ser vista de otra manera esa masiva asistencia, que le hace un muy flaco favor a la causa gubernamental.

El Gobierno argumenta injerencia de la CC en las facultades del presidente para tomar decisiones relativas a política exterior, lo cual fue rebatido por el abogado Alfonso Carrillo, quien considera que el poder también debe tener límites.

Carrillo afirma que la Constitución y las leyes establecen límites al poder y a los funcionarios en cuanto a la forma de normar las relaciones internacionales y recordó que Suecia es uno de los países con los mayores aportes a la Cicig, lo que explicaría las verdaderas motivaciones de la diplomacia guatemalteca.

Ese antecedente es el que más refuerza la tesis de que esta administración hace denodados esfuerzos para debilitar o desbaratar la lucha contra la corrupción, lo que explica las acciones como la emprendida contra el diplomático sueco. Sin embargo, en el fondo queda muy maltrecha la imagen de Guatemala, porque no se percibe una acción de legítima defensa a la soberanía nacional, sino más bien se ve un intento por hostigar a quienes respaldan la misión de la oficina de la ONU.

Lo que no parecen comprender quienes defienden la causa gubernamental es que, aunque se le pudiera dar la razón a la parte oficial, en la práctica pierde Guatemala, porque muchas de las acciones de los últimos meses están orientadas a debilitar la lucha contra la corrupción por medio de acciones como la dirigida a Kompass.

Quizá ayude a comprender a las actuales autoridades que la lucha contra la corrupción ya no es un esfuerzo exclusivo de los guatemaltecos, pues la problemática ha trascendido fronteras y por eso Estados Unidos ha tomado pasos más decisivos para ratificar la línea por la que avanzan sus intereses, mientras su contraparte guatemalteca envía señales opuestas, como el penoso cuadro observado ayer en la sala de vistas públicas de la CC.