EDITORIAL

Debe procurarse el imperio de la ley

Lo que debió haber sido una resolución concluyente de la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre el impase creado de nuevo por el Gobierno al prohibir el ingreso del comisionado Iván Velásquez se ha convertido en nueva fuente de mayor conflictividad, al quedar espacios para interpretaciones antojadizas.

Eso fue lo primero que hizo el Ejecutivo, por medio de la canciller, el ministro de Gobernación y la Procuraduría General de la Nación, cuyos representantes afirmaron ayer que no acatarán la resolución de la CC. Es mezcla de osadía e ignorancia pretender ponerle a las Naciones Unidas un virtual ultimátum de 48 horas para designar a un nuevo comisionado, lo cual es improcedente, pues el mismo acuerdo de creación establece que el Gobierno no tiene nada que decir en la designación del jefe de la oficina contra la corrupción.

Los funcionarios no solo dieron una vergonzosa muestra de abuso, sino incurrieron en una penosa interpretación ajustada a sus particulares intereses y además sumaron en su contra la voz de la fiscal general, quien ayer advirtió de que se investigarán todas las irregularidades y pidió a la CC que certifique lo conducente, como paso previo para iniciar acciones.

Lo que procede es que la CC amplíe o aclare los alcances de su resolución, la cual no debe ser nebulosa, sobre todo porque ahora se han materializado acciones que claramente se muestran contrarias a una resolución judicial, que hasta el momento ningún funcionario se ha negado a acatar y, por el contrario, existe el precedente de una destitución ministerial ante un acto de desobediencia.

Si los magistrados responsables de mantener la preeminencia de la Constitución sobre cualquier abuso de poder lo hicieron con un lenguaje que fácilmente puede ser susceptible de una doble o antojadiza interpretación, ahora también comparten la responsabilidad de haber atizado la efervescencia de una tensa negociación marcada por los exabruptos gubernamentales, los cuales es imperativo detener, antes de que se incurra en mayores despropósitos.

En buena medida, el fracaso del Ejecutivo en sumar aliados se debe a que cada vez sus acciones generan mayor desconfianza, como se ha evidenciado en los últimos días con un derroche de cordones policiales y militares que incluso podrían haber violado la libre locomoción y el derecho a expresarse libremente. Estas irregularidades también, declaró la fiscal general, Consuelo Porras, se están investigando, para deducir las responsabilidades.

La mayor lección que deben tomar en cuenta quienes tienen en sus manos la aplicación de la ley es que sus resoluciones deben ser categóricas, sin que se dé lugar a burdas manipulaciones, porque está demostrado que ante un grupo de poder con intereses muy particulares se corre el riesgo de que se siga vulnerando la certeza jurídica.

Ahora se han sumado más protagonistas en los esfuerzos porque prevalezca el estado de Derecho, mientras continúan los ejemplos de estulticia del sector oficial, sobre todo porque de manera consistente se vienen dando muestras de buscar entorpecer cualquier esfuerzo por combatir la corrupción, pero con síntomas preocupantes de abuso de poder y de un eventual irrespeto a preceptos constitucionales.

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