"Una Cicig reformada" no es parte de los planes de Guatemala

El embajador guatemalteco ante la ONU, Jorge Skinner-Klée dice que la propuesta de una "Cicig reformada" no es parte de los planes del país  y no corresponde a EE.UU decidirlo, sino solo a Guatemala y el organismo internacional. 

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El diplomático Jorge Skinner Klée concedió una entrevista a Prensa Libre, en la cual explica las actuaciones del Ejecutivo en relación con Cicig. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

El embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jorge Skinner-Klée, afirmó que lo dicho por el secretario de Estado de EE. UU, Mike Pompeo, en cuanto a “una Cicig reformada”, no es parte de una solicitud que haya hecho Guatemala. “Hay que recordar que Estados Unidos no es parte del Acuerdo por lo que no lo puede reformarlo, de la misma manera como el G13 no puede decir al país que debe conservar al comisionado Iván Velásquez. 

“Aunque seguramente Estados Unidos tiene mucha influencia, pero no tiene el derecho activo en el Acuerdo entre la ONU y Guatemala”, afirma Skinner-Klée, quien forma parte del cuerpo diplomático desde 1986.

¿Qué hizo el Gobierno previo a tomar la decisión de no renovar el mandato de la Cicig?

El 25 de agosto del 2017, el señor presidente Jimmy Morales llegó a la ONU a hablar exprofesamente con el secretario General  António Guterres, para presentarle cinco casos puntuales, entre ellos el allanamiento a la Casa Presidencial, la exhibición e estigmatización de su hijo y su hermano, el caso TCQ que ejecutaron un allanamiento y después ya no hubo nada, pero se interrumpió la actividad mercantil e inversión del puerto lo cual damnifica a Guatemala, la vapuleada al joven Andrés Zimeri por cinco agentes de seguridad de la Cicig. El comisionado fue a reclamar los videos del campo de juego, con lo cual no solo se quebrantó la custodia de la prueba sino que también un interés manifiesto, a esos señores nunca se les procesó.

Esa Comisión se ampara en que es independiente e inmune, lo cual no quiere decir impune, al extremo de que no sabemos cómo gasta el dinero, qué casos consigue, no para decirle que lo haga o no, pero por lo menos que sea transparente. A los gobiernos nos piden transparencia no veo por qué él está eximido de decir cómo y porque actúa. También está la polémica en cuanto a la selectividad sobre que a unos que procesa se les da libertad inmediatamente, mientras que otros apelan y apelan y no pasa nada. Hay gente guardando prisión esperando proceso porque no hay pruebas.

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¿Pero en algunos casos se debe a que la defensa interpone recursos y eso entrampa los procesos?

Es cierto, en algunos casos no lo dudo, pero en los que no hay pruebas no son los imputados los que detienen los procesos, sino que dicen se sigue investigando, creo que es la selectividad.  Cómo es posible que alguien que publicó un libro e hizo un préstamo millonario en pocos días salió libre, mientras que hay unas enfermeras que llevan más de cuatro años esperando lo mismo por unas actas que les hicieron firmar en el IGSS. Eso no es parejo. También está el caso del señor Max Quirín -representante el sector patronal ante la junta directiva del IGSS cuando se firmó el contrato con la droguería Pisa- y otra persona a quienes no les explicaron qué estaban firmando y llegaron a la junta directiva y les hicieron creer que todo estaba en orden y siguen guardando prisión.

Cuando le presentaron los cinco casos a António Guterres, ¿Cuál fue su respuesta?

Fueron presentados el viernes 25 de agosto a las 17 horas, 36 horas antes de que el presidente Morales declarara no grato al comisionado Velásquez que, entiendo, fue el domingo 27 en la madrugada. El señor presidente le entregó a Guterres, en sus manos, los expedientes que contenían las preocupaciones del Gobierno, respecto a la conducta y actuación del comisionado, quien violaba el presupuesto de la inocencia presumida que consagra la Constitución Política de la República y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. La orden de cateo de la Casa Presidencial venía con una dirección equivocada. Entiendo que buscaban algo que nunca encontraron, vaya que no se produjo un altercado porque desarmaron por la fuerza a miembros de la SAAS, lo cual pudo haber sido letal, pero hubo cordura de esta institución.  Se usó un carro Toyota con placas adscritas PNUD, o sea que usaron aparatos de las Naciones Unidas para cometer cosas ilícitas. El allanamiento fue el 2 de noviembre del 2016 y desde entonces el comisionado no le habla al Gobierno de Guatemala. Entiendo que andaban buscando escuchas y no las había.

Lo curioso fue que el secretario General, el 25 de agosto, se hizo acompañar del subsecretario de la Oficina de Asuntos Legales de las Naciones Unidas, y él nos argumentó que la Cicig no tenía nada que ver con la ONU y que el comisionado era una figura no oficial de ese organismo. Cuando nosotros les hablábamos de que las normas de conducta oficiales de las Naciones Unidas eran conocidas, ellos nos decían que él no era funcionario de la ONU, posición que sigue manteniendo; sin embargo, esta semana el secretario del Consejo de Seguridad dijo que la Cicig es una manera de cómo las Naciones Unidas pueden ayudar a los demás países, o sea que lo tienen como funcionario cuando les conviene y cuando no como huérfano. Entonces, Velásquez es soberano, no le rinde cuentas a nadie, le informa a quien quiere y como quiere, a Naciones Unidas le dice una cosa y a los donantes lo que quieren oír. Hay que recordar que los donantes también tienen intereses creados. Así sucedió con la captura del expresidente Alfonso Portillo y lo digo con toda propiedad, porque yo he trabajado con 11 gobiernos y me han contado eso. Los del G13 está bien que tengan su opinión, pero que vengan a hacer política aquí, esa es cosa de solo los guatemaltecos, quienes estamos divididos y polarizados por el señor Velásquez, no por la Cicig, porque la Cicig se merece el apoyo de todos y el presidente está en eso.

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¿Quiénes acordaron declarar no grato a Velásquez?

No lo puedo decir, porque yo me encontraba en Nueva York y el 25 recibí al presidente, quien me explicó a qué iba. Quien le dio la hoja de ruta en Guatemala habría que preguntarle a él, yo solo soy un ejecutor de la política exterior, por mandato de ley, opino cuando me lo piden, pero soy leal al gobierno democrático electo, por eso he trabajado en el ámbito diplomático desde la apertura democrática en 1986 y nunca he sido miembro de un partido político.

Las relaciones diplomáticas con la ONU parecen muy tirantes

Lo que pasó fue que ante la frustración de no recibir una respuesta después de un año de gestiones y dilación deliberada con justificaciones como: "esta semana no podemos reunirnos porque tengo que viajar, los casos los están estudiando en el área jurídica o sigamos viendo el convenio". Nuestros casos eran puntuales, preocupaciones reales que gravitan no solo sobre la Constitución y el Pacto de Derechos Humanos, nunca se pronunciaron al respecto. Un mes después que el presidente les entregó los documentos, le contestaron que los documentos no eran oficiales porque no iban firmados ni tenían sellos, pero si el presidente es un cartero, es el personaje con la más alta representación e investidura del Estado.  Burocráticamente se tuvo que sellar y firmar los documentos y volverlos a entregar en diciembre, ese fue el primer gran lapsus, ya en enero comenzamos a discutir y nos salieron con esos previos de cuál es la naturaleza jurídica de la Cicig y otras cosas.

El mandato es claro en su artículo segundo, que dice que el comisionado y la Comisión se ajustan a las leyes de Guatemala al derecho positivo y vigente de Guatemala, no a los intereses que pueda tener alguien más, y es cierto la justicia es ciega pero no mejor para unos y peor para otros, eso es lo que queríamos corregir y lo peor de todo que el Acuerdo se funda sobre la necesidad de proteger los derechos humanos, ese era el esquema original y le puedo decir que lo firmaron el canciller Édgar Gutierrez, testigos como el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, Orlando Blanco, Helen Mack, Claudia Samayoa y Mario Polanco.

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¿En qué se convirtió la Cicig, entonces?

En un factótum que está por encima de los poderes estatales y la Constitución Poítica solo estipula tres poderes: el Ejecutivo, Judicial y Legislativo; sin embargo, la Cicig se volvió un suprapoder que incluso coacciona jueces, Castresana, por ejemplo, dejó una lista de los jueces de la impunidad, eso se llama intrigar políticamente, pero en el fondo es injuria y en esa lista estaba Thelma Aldana, quien posteriormente fue fiscal General. El comisionado no vino a omitir el poder público, sino que a apoyar, tampoco a sustituir y lo hizo con creces, esas son las preocupaciones que el Estado guarda respecto a la aplicación del Convenio.

¿Fue un año de silencio?

Hubo cinco citas y ninguna sustantiva en el tema que estábamos planteando, mientras que en Guatemala iba creciendo la presión y la polarización y abundaban los dimes y diretes, la teoría de la conspiración de un lado y del otro y eso no ayudaba ni abonaba a la verdad, ni a un proceso democrático que en el fondo es lo que está en juego. Guatemala es una sociedad de conflictos de choque donde se imponen unos sobre otros a la fuerza y tenemos que aprender a ser una sociedad de consensos, acordar concesiones recíprocas, pero legales, no amañadas.

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¿Ante este panorama se tomó la decisión de no renovar el mandato?

Eso fue el viernes 31 de agosto, quizás ya la habían tomado y la ejecutaron ese día, lo cual no me consta, lo sí me consta es que fue fortuito que el comisionado se encontrara fuera del país cuando el Consejo Nacional de Seguridad anunció que ya no le permitiría el ingreso al país, -4 de agosto-.

¿Eso ya estaba previsto?

Habría que ver las actas del Consejo Nacional de Seguridad, del cual yo no soy parte ni conozco. Fue este ente el que dijo: "Este señor, al abusar del estado de Derecho, violentar las normas básicas procesales y constitucionales está atentando contra el orden público, aparte de la zozobra que causa con tanta división". Este país necesita ayuda, pero no la tutela de alguien que diga esto se va a decir, esto se va a hacer, porque no es democrático ni institucional.

¿Fue necesario presentar tanta fuerza militar el día que se anunció la no extensión del mandato?

No lo sé, pues no sé qué otras acciones estaban contempladas, lo que sí es cierto es que el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, dijo que eran patrullajes normales como se hacía en otras zonas. La gente señala ciertos lugares donde se presentó la fuerza pública, pero de ahí en adelante hay tanto de largo como de ancho, no puedo decir qué no o qué sí, no me consta la decisión, tal vez esperaban relajos públicos por declarar que el mandato iba a fenecer.

A su juicio ¿que debió hacer Guterres durante ese año?

Como secretario General de una organización intergubernamental donde los Estados miembros son los dueños de la organización y no la Secretaría, debió haber atendido las preocupaciones de un Estado miembro fundador, y no solo esto, si no que un Estado que le pidió cooperación y que le está diciendo su cooperación tiene problemas mire lo que está pasando, y sin embargo hizo mutis, el silencio fue la respuesta. En la reunión con el presidente dijo: "De eso no voy a hablar, no lo voy a remover. Es mi prestigio", yo me quedé atónito porque nadie es insustituible, ni perfecto ni el Estado de Guatemala pasa por una bonanza política. Debió haber considerado la polarización, el abuso de poder, la impunidad, el sesgo de la justicia. Cicig nunca va a ser emulada en otro Estado por sus excesos, Cicig tiene éxitos, pero tiene excesos que no son perdonables.

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¿Qué significa una Cicig reformada?

De parte del Estado de Guatemala nunca se pensó en reformar la Cicig, la palabra reforma la uso el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, el día que habló con el presidente, puede ser que él quiere ver una reforma que le rinda cuentas a su gobierno, cómo se gasta el dinero de Estados Unidos, pero yo no sé el alcance que le quieran dar, pero Guatemala como Estado nunca pidió la reforma del Acuerdo. Para mí es un punto nuevo en el radar, a lo mejor piensan en otras cosas, pero hay que sentarse a platicar. Hay que recordar que Estados Unidos no es parte del Acuerdo, no lo puede reformar como tampoco el G13 le puede decir a Guatemala que debe conservar a Velásquez.

¿O sea que lo dicho por Pompeo no se puede considerar como algo definitivo?

No, pero seguro Estados Unidos tiene mucha influencia. Pero, repito, no tiene el derecho activo en el Acuerdo entre las Naciones Unidas y Guatemala. Incluso, se rumoran otras hipótesis de qué pasará cuando en septiembre ya esté electo el nuevo presidente, son escenarios posibles, yo todo eso lo veo muy temprano.

Cómo explicar que no es necesaria la Cicig, cuando se escuchan casos de corrupción como el de Roxana Baldetti y Alejandro Sinibaldi, entre muchos.

Es correcto, pero qué provoca que el Gobierno diga que en un año se vaya la Cicig, lo genera la irresponsabilidad del secretario General de las Naciones Unidas por no reemplazar a Velásquez. Un año torpe de silencio en lugar de ponernos de acuerdo.

¿Siempre se dijo que los empresarios hicieron lobby en Washington en contra de Velásquez?

Sí lo hubo y es un derecho, como también lo hizo la contraparte con Rigoberta Menchú, Helen Mack y Thelma Aldana que estuvieron allá la semana pasada. Eso es parte del juego democrático y está bien, pero por qué se estigmatiza a un lado y al otro no. Las opiniones de los congresistas estadounidenses también es parte del juego democrático.

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