Abogado dice que Max Quirin actuó en ley en contrato con Pisa

Alberto Morales Velazco, defensor de Max Erwin Quirin Schoder, exintegrante de la junta directiva del Seguro Social, cuestionó la investigación de la Fiscalía durante la fase de conclusiones del caso IGSS Pisa.

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Max Quirin fue representante del sector patronal ante la junta directiva del IGSS. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Morales Velazco dijo al Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, presidido por la jueza Morelia Ríos, que el caso del Ministerio Publico (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) debió haberse ventilado en un proceso administrativo y no penal.

Razonó que las anomalías que señalan el MP y la Cicig son infracciones a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, que deberían ser castigadas con una multa.

“El error del MP fue concentrarse en probar supuestas infracciones a la Ley de Compras y su reglamento, y no enfocarse en la actitud que reprocha el delito de fraude, que señala que hay que hacer uso del artificio para defraudar al Estado”, señaló.

En este sentido, Morales Velazco indicó que la acusación estaba llena de falacias y que más bien buscaba tener un impacto emocional.

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“¿Cómo no va a impactar que digan que los pacientes se enfermaron y murieron por culpa de la junta directiva del IGSS? No se vale que -la Fiscalía- use eso como soporte para hacer señalamientos”, dijo.

Según la defensa, Quirin en todo momento actuó respetando sus funciones como funcionario público, en Derecho y no influyó en la conformación de la junta de licitación que evaluó la oferta del servicio de diálisis de la Droguería Pisa.

“La junta directiva utilizó un procedimiento que daba transparencia y escogió al alzar a los miembros de la junta. Ellos no seleccionaron a dedo a los integrantes”, dijo el abogado.

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Según la Fiscalía y la Cicig, Pisa accedió a dar el 16 por ciento de Q116 millones en concepto de sobornos para que el Seguro Social le diera el contrato para servicios de diálisis peritoneal de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico.

Durante el debate se supo que hubo querellantes que aceptaron una indemnización de Pisa para desligarse del caso, pero la Fiscalía continuó la acusación.

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Se estima que en el país se suman cada año mil 500 casos de insuficiencia renal.

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